El Diario de Burgos digital, publicaba la semana pasada que el Ayuntamiento de esta ciudad va a legalizar y adecuar las cámaras de vigilancia y control de tráfico.
Leyendo el artículo nos surgen varias reflexiones:
1. Las cámaras ya están instaladas. Como siempre, empezamos la casa por el tejado. Se instalan las cámaras y posteriormente se plantea su legalización.
2. “Al cabo de tres meses instaladas, el Ayuntamiento de Burgos no tenía muy claro si contaban con todos los requisitos legales para grabar y enviar imágenes a la sala de Tráfico”. Pues que decir… Muy probablemente, el Ayuntamiento tendrá un gabinete jurídico cuya obligación es conocer la normativa legal. Además, en Burgos debe haber profesionales en Protección de Datos, a los que con una simple consulta, el Ayuntamiento habría podido aclarar sus dudas rápidamente.
3. El contenido de la información nos ofrece ciertas dudas sobre la intencionalidad de la instalación de las videocámaras, ya textualmente cita: “El problema radicaba en la función que cumplían, si era solo de control de la circulación en el complejo industrial o bien estaban destinadas a preservar la seguridad”, así mismo reproduce unas declaraciones del Alcalde en las que dice que las cámaras; “«nacen con la vocación de ordenar el tráfico». Sin embargo, matiza que las grabaciones estarían a disposición de la Policía y de los jueces que así lo requieren”
a. No entendemos por qué existe la duda en cuanto a su función, o son cámaras para el control y gestión de tráfico y sólo para ese fin o son cámaras de video vigilancia para seguridad ciudadana, cuya regulación es bastante diferente, tal y como indica el Diario.
b. La frase del Sr. Alcalde, debería decir; “se han instalado para la ordenación del tráfico”.
Si el Ayuntamiento legaliza dichas cámaras para el control y regulación de tráfico, éstas han de cumplir unos requisitos que prácticamente las invalidan para otra función. Si estas cámaras no cumplen dichos requisitos, sino que se quiere “aprovechar para otras vigilancias”, seguirán estando en situación ilegal, cosa que no creemos que pretenda el Ayuntamiento ¿?.
A pesar de todo lo anterior, hay que reconocer la voluntad de este Ayuntamiento por empezar a legalizar sus ficheros audiovisuales, cosa que otros Ayuntamientos, por desgracia, todavía ni se han planteado.
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