En su cruzada contra Wikileaks, el gobierno norteamericano ha requerido datos de multitud de usuarios de Twitter “sospechosos” de colaborar con la web de Julián Assange, la mayoría de ellos ciudadanos no norteamericanos. ¿Por qué motivo y con qué derecho la justicia de ese país solicita información privada de extranjeros? ¿Tienen estos internautas los mismos derechos que los norteamericanos?
Cuando un internauta crea una cuenta en un servicio de Internet, acepta las normas de uso de sus gestores. En el caso de las redes sociales como Facebook o Twitter o de los servicios de correo electrónico, sus administradores advierten de que, como las empresas están en EE UU, la de aquel país es la jurisdicción que se aplica sobre el tratamiento de la información almacenada en sus servidores.
Concretamente, Facebook menciona que "las leyes del Estado de California rigen los estatutos". "Usted acepta someterse a la jurisdicción personal de los juzgados del Condado de Santa Clara, California, con el propósito de litigar cualquier demanda". Además, advierte a aquellos de sus abonados que residan fuera: "Usted consiente que sus datos personales se transfieran y se procesen en los EE UU".
Es por esto, que el gobierno norteamericano tiene la potestad para requerir a estas empresas toda la información de la que dispongan en servidores sobre cualquier persona, sea norteamericana o extranjera.
Si esto ocurriese en España, estaríamos en ante un caso de violación de la Ley de Protección de Datos, pero en Estados Unidos, la última actualización de la ley norteamericana sobre privacidad en las comunicaciones fue en 1986 (cuatro años antes del nacimiento de la Web), y da amplios poderes al ejecutivo para exigir a las empresas tipo de datos de sus clientes y que suele ir acompañadas de la expresa prohibición de informar al afectado. Además, tras los atentados de 2001, la Casa Blanca favoreció la aprobación de la Ley PATRIOT, que permitía al Gobierno pedir información sobre ciudadanos norteamericanos y residentes extranjeros a los que estuviera investigando, aunque estos no fueran sospechosos de ninguna actividad ilegal, crimen o delito demostrables.
Por primera vez una empresa (Twitter) ha tenido el coraje de enfrentarse al gobierno norteamericano y llevó la orden gubernamental a los tribunales, pidiendo al juez que le autorizara a revelar a los interesados que tenía el mandato de entregar información suya. El juzgado se lo autorizó y Twitter informó a sus clientes, notificándoles que tenían 10 días para iniciar procedimientos judiciales si querían evitar que su información acabara en manos del Gobierno estadounidense.
Según Artemi Rallo, el problema es que "mientras el norteamericano puede ejercer sus derechos ante estos servicios, el extranjero los tiene extraordinariamente limitados. Si quiere plantar cara a uno de ellos tiene que pleitear allí. En la práctica es casi imposible reaccionar judicialmente". El director de la AEPD apunta una solución: "Las grandes empresas deberían aceptar que los ciudadanos de otros países reclamasen en su jurisdicción nacional". Pero mucho nos tememos que estas empresas no estarán por la labor, ¿a quién le interesa jugar fuera cuando puede imponer jugar en casa?
El problema no tiene fácil solución, la mayoría de estos gigante de internet tienen su sede en Estados Unidos y si quieres utilizar sus servicios, has de aceptar sus normas de uso, y mucho tendrían que cambiar los políticos para impulsasen leyes supranacionales que velen por los derechos de los ciudadanos del mundo.
Información extraída del diario El País y otros medios de comunicación.
